Mesures prises:
En la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 389, se señala la obligación del Estado de proteger a las personas, colectividades y naturaleza frente a los desastres de origen natural o antrópico, y se detallan la composición y principales funciones del Sistema Nacional Descentralizado de gestión de riesgos.
Considerando la importancia del enfoque de gestión de riesgos, éste fue adoptado como eje transversal en la planificación del gobierno e incorporado en los distintos planes de desarrollo. En este contexto, en la ANID 2017 – 2021 se establece como eje de política pública “las Situaciones de Riesgos y Emergencia Humanitarias”, con el objetivo de priorizar la seguridad de las personas con discapacidad y sus familias ante una situación de riesgo o desastre. Para fortalecer la referida estrategia se ha planteado la meta de la elaboración de un protocolo de prevención y reducción de riesgos (prevención, respuesta y recuperación) para las personas con discapacidad, sobre el cual, además de difundirse en formatos accesibles, se realizarán capacitaciones con las instituciones responsables de la intervención y con la sociedad civil.
El Estado, además, da cuenta de la existencia de algunas acciones adicionales en esta materia, tales como una “Guía Comunitaria sobre Gestión de Riesgos y Emergencias Humanitarias“, elaborada, en 2019, por la Secretaría de Gestión de Riesgos, la que cuenta con una transversalización de la temática de discapacidad; así como, la existencia de una “Guía Operacional para la Gestión de Alojamientos Temporales” que establece la adecuada estructura y funcionamiento de los alojamientos temporales, tomando en cuenta aspectos de accesibilidad. Asimismo, se reflejan actividades de capacitación que también habrían considerado contenidos referidos a personas con discapacidad. Sin embargo, si bien se identifica cuantitativamente las personas alcanzadas por esta formación no resulta posible evaluar el impacto de estas capacitaciones, pues falta considerar el número total de quienes han participado de este tipo de actividades.
En el año 2019, gracias al trabajo conjunto entre el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se construyó la “Guía para la Gestión Inclusiva del Riesgo con Enfoque en Personas con Discapacidad”, validada por la sociedad civil, a través de las distintas federaciones de y para personas con discapacidad, y otras entidades del Estado. La publicación se realizó en el año 2020 y también tiene un formato accesible.
En los años 2021 – 2022, ante la necesidad de fortalecer las estrategias para impulsar la atención inclusiva hacia personas con discapacidad que presentan casos de emergencias, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con el apoyo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y la participación de la sociedad civil para la validación del documento, elaboró el “Protocolo Interinstitucional para la Atención de Alertas de Emergencia Relacionas a Personas con Discapacidad”, que orienta a los operadores del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 para la adecuada recepción de llamadas de emergencia realizadas por personas con diferentes tipos de discapacidad o sus familiares. En las dos ediciones del curso del año 2022, se capacitaron a 2.539 evaluadores de llamadas y despacho.
En este mismo contexto, en al año 2022 el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 atendió 6.896 llamadas de emergencia vinculadas a personas con discapacidad a nivel nacional.
Dentro del proyecto “Implementación de la atención Inclusiva en Gestión de Riesgos para Personas con Discapacidad”, ejecutado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con el apoyo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), uno de sus puntos de ejecución es la georeferenciación de personas con discapacidad que habitan en zonas de riesgo. A la fecha, se cuenta con 611 personas con discapacidad y sus familias georeferenciadas en las provincias de Pichincha, Tungurahua, Napo y Santa Elena.
Adicionalmente, entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) se realizó el “Estudio de verificación con el sector privado para la diseminación de tecnologías japonesas sobre infraestructuras de la información para la seguridad y la protección de personas con acceso inadecuado a la transmisión de TV. (en Ecuador)”, que beneficiará a las personas con discapacidad mediante la transmisión de alertas de emergencia en tiempo real, que cuentan con subtítulos e intérprete de lengua de señas.
