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Atención de la violencia sexual y por motivos de género: desafíos de una pandemia mundial

Diciembre de 2020

Por Jihane Latrous, funcionaria principal en materia de violencia sexual y por motivos de género, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional)

y May Maloney, asesora en materia de atención de la violencia sexual, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)


Resumen

La violencia sexual y por motivos de género es una problemática que va en aumento a la sombra de la pandemia de COVID-19. Según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), durante los primeros seis meses de confinamiento, es probable que hayan ocurrido treinta y un millones de nuevos incidentes relacionados con la violencia sexual y por motivos de género. Hoy, más que nunca, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) es consciente de los continuos episodios de discriminación y desigualdad que pueden conllevar mayores riesgos para mujeres, niñas, niños, hombres y minorías sexuales y de género (con inclusión de personas con discapacidad) de sufrir situaciones de violencia sexual y por motivos de género. La resolución del Movimiento aprobada en el marco de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 2015, que impulsa una acción conjunta sobre la prevención y la intervención en casos de violencia sexual y por motivos de género, ha subrayado la continua y apremiante necesidad de abordar el problema. Con motivo de la campaña “Dieciséis días de activismo contra la violencia por motivos de género”, las unidades especializadas del CICR y de la Federación Internacional establecieron las pautas que han de seguirse a partir de ahora.

La temática

Se trata de una pandemia mundial, pero no la que en general se conoce. Esta pandemia es la principal causa de muerte prematura entre la población más vulnerable. Ha generado la necesidad de formación especializada para los profesionales sanitarios y ha captado la atención de expertos forenses. Sus consecuencias son inmediatas y a largo plazo, tanto en el plano psicológico y emocional, como en la esfera social, donde pueden suscitarse situaciones de estigmatización y rechazo. Además, ocasiona gastos por miles de millones de dólares a las economías del mundo .[1]

Se trata de la violencia sexual y por motivos de género, y de la manera en que la resolución del Movimiento que impulsa una acción conjunta sobre la prevención y la intervención, aprobada en el marco de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 2015, nos insta, por un lado, a continuar e intensificar nuestras actividades para prevenir y mitigar situaciones de violencia sexual y por motivos de género e intervenir ante ellas, y, por otro, a situar en el núcleo de nuestra labor las necesidades y aptitudes de las víctimas y los sobrevivientes. La resolución reviste hoy más pertinencia que nunca, habida cuenta de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias secundarias, que repercuten claramente tanto en la prevalencia de casos de violencia sexual y por motivos de género como en la disponibilidad de los servicios de apoyo en favor de los sobrevivientes.

El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que marcó el inicio de la campaña “Dieciséis días de activismo contra la violencia por motivos de género”, mientras que el 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Si bien esas fechas nos recuerdan la fortaleza y capacidad de resiliencia de las personas y las comunidades, también nos recuerdan los episodios continuos de discriminación, así como el mayor riesgo que corren las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad cuando se cometen actos de violencia sexual y por motivos de género en sus comunidades. El Movimiento reconoce que, según estimaciones, una de cada tres mujeres en el mundo sufrirá abuso físico o sexual durante su vida, y que tanto las mujeres como las niñas se ven abrumadoramente afectadas por los episodios de violencia sexual y por motivos de género que ocurren durante las emergencias. No obstante, el Movimiento también reconoce la diversidad de los sobrevivientes de esos episodios, entre ellos, hombres, niños e integrantes de minorías sexuales y de género, así como los factores de identidad interrelacionados que pueden conllevar un aumento del riesgo de sufrir actos de violencia sexual o por motivos de género. Además, el Movimiento sigue con suma atención la forma en que los desastres, conflictos y otras crisis profundizan algunos de los dínamos sociales y estructurales de la violencia sexual y por motivos de género, como las desigualdades sociales y de género.

Evidencia e información sobre la pandemia subyacente

Queda en claro que la pandemia de COVID-19 ha dado origen a dos tendencias opuestas en relación con la violencia sexual y por motivos de género: una tendencia ascendente, en lo que respecta al riesgo y la prevalencia, y una tendencia descendente, en lo que respecta al alcance y la capacidad de los organismos (gubernamentales o no gubernamentales) para prestar servicios a las víctimas y los sobrevivientes. Ello no es ninguna novedad para nosotros. Tanto las políticas como los informes y la experiencia sobre el terreno del Movimiento demuestran cabalmente que, ante una crisis, las desigualdades existentes (por ejemplo, las relacionadas con el género y la diversidad) se agravan.

En este contexto, de destacan algunos aspectos que constan a continuación.

Según estimaciones del UNFPA, durante los primeros seis meses de confinamiento, se produjeron treinta y un millones de nuevos incidentes relacionados con la violencia sexual y por motivos de género.

Según el Informe Mundial sobre las Niñas del año 2020, elaborado por Save the Children y publicado a comienzos de octubre, hasta dos millones y medio de niñas en el mundo podrían correr el riesgo de ser obligadas a contraer matrimonio por la fuerza durante los próximos cinco años, a raíz de las repercusiones de la epidemia de COVID-19, lo que significaría el aumento más drástico de los índices de matrimonio infantil en los últimos veinticinco años. Un millón más de niñas menores de dieciocho años podrían quedar embarazadas este año, con el consecuente riesgo para la vida, habida cuenta de que el parto es aún la principal causa de muerte entre personas de quince a diecinueve años.

Según un informe del Comité Internacional de Rescate, el aumento de los episodios de violencia sexual y por motivos de género superó ampliamente sus estimaciones iniciales: en quince entornos de desplazamiento, se halló un incremento del setenta y tres por ciento (73%) en los casos de violencia doméstica, del cincuenta y uno por ciento (51%) en los casos informados de violencia sexual y del treinta y dos por ciento (32%) en los casos de matrimonio infantil y forzado.

Según el informe Surviving COVID-19: A Women-Led Response, elaborado por ActionAid, si bien los episodios de violencia doméstica han aumentado sustancialmente a nivel mundial, los casos de femicidio muestran un crecimiento en algunas regiones, y ciertos servicios han registrado un incremento del setecientos por ciento (700%) en los pedidos de asistencia o asesoramiento.

Según la entidad ONU-Mujeres, si bien todas las personas están enfrentando dificultades sin precedentes, las mujeres están soportando el peso de los efectos socioeconómicos de la COVID-19.


Las fuentes de información del Movimiento también han puesto de manifiesto nuevos incidentes de violencia sexual en entornos afectados por conflictos. Además, miembros del personal y voluntarios de las Sociedades Nacionales que intervienen en la primera línea han recibido una mayor cantidad de informes sobre casos de matrimonio infantil y de violencia dentro de la pareja.

También sabemos que los servicios han sido interrumpidos debido a una menor presencia sobre el terreno y que la prestación de servicios es limitada. Ejemplos de ello son los casos en que se imponen restricciones al movimiento de trabajadores humanitarios u organizaciones con arraigo comunitario, o en que el desvío de recursos financieros, humanos y técnicos hacia actividades relativas a la COVID-19 dificulta la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva (lo que genera un justificado sentido de precaución respecto del acceso a la atención clínica). El mismo criterio se aplica a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial, así como a los servicios de alojamiento provisional y de emergencia. En esos casos, se dificulta conseguir entrevistas de asesoramiento debido a la cantidad limitada de casos que pueden procesarse a diario y, además, las comunicaciones telefónicas y otros medios de apoyo tecnológicos podrían agravar el riesgo de exposición a episodios de violencia sexual y por motivos de género en situaciones en que la víctima está confinada con el agresor.

A ello se suman las dificultades que enfrentan las personas y las comunidades afectadas por desastres, conflictos, vacíos de poder, mayor impunidad en contextos sumamente frágiles y la falta de enfoque prioritario respecto de la violencia sexual y por motivos de género como tema central en la elaboración de presupuestos y planes de contingencia locales y nacionales. Como resultado, se genera una combinación tóxica entre un aumento de los informes incidentales de episodios ocurridos (por ejemplo, a través de las líneas de atención telefónica) y el riesgo preocupante de que se acentúen los obstáculos para acceder a los servicios esenciales que abordan la violencia sexual y por motivos de género. Tanto los componentes del Movimiento como los poderes públicos y los agentes mundiales y locales dedicados a la problemática deberán ahondar en el tema y establecer prioridades respecto de esta situación.

El futuro camino

El alcance del Movimiento es amplio. La labor que emprendemos para abordar la violencia sexual y por motivos de género abarca los aspectos más alarmantes de la problemática, e incluye desde iniciativas para la reducción de la violencia doméstica y dentro de la pareja hasta la prevención e intervención en casos de matrimonio infantil, así como actividades para prevenir episodios de violencia sexual relacionada con los conflictos (como actos de violación individual y colectiva por parte de los portadores de armas), la esclavitud sexual y la prostitución forzada, e intervenir ante estas situaciones. Contamos con la capacidad de prestar asistencia en lugares donde los servicios relacionados con la violencia sexual y por motivos de género son deficientes, así como con los conocimientos especializados necesarios para asistir a los sobrevivientes y atender sus numerosas necesidades. Hemos refrendado la importancia que reviste tanto un enfoque centrado en los sobrevivientes (que implica situar sus necesidades en el núcleo de nuestra labor) como la asociación con otros agentes y el trabajo conjunto con unidades especializadas multidisciplinarias para procurar el acceso sin discriminación alguna a los servicios de apoyo, independientemente de si los presta nuestra organización u otra entidad.

Hoy en día presenciamos una acción colectiva inspiradora, pero claramente aún queda mucho por hacer en lo que respecta a nuestra intervención ante las repercusiones de la pandemia de COVID-19. Es preciso cambiar el rumbo y preservar los logros que hemos conseguido. La resolución de la Conferencia Internacional conserva hoy en día la misma pertinencia que al momento de su aprobación, en 2015, y debemos continuar nuestra labor para garantizar el cumplimiento pleno y sostenible del mencionado compromiso. Esta postura se reafirmó en una de las promesas aprobadas en el marco de la XXXIII Conferencia Internacional en 2019, que instó a adoptar mayores medidas respecto de esta cuestión esencial.

Tanto los Estados como los asociados del Movimiento están en condiciones de abordar las causas subyacentes (como el abuso de poder y la desigualdad de género) para prevenir actos de violencia sexual y por motivos de género. Asimismo, debemos procurar una intervención ágil, dotada de recursos y capacidad suficientes para garantizar el acceso seguro tanto a la asistencia sanitaria como a servicios de salud mental y apoyo psicosocial, alojamientos provisionales y de emergencia, medios de vida y justicia para los sobrevivientes. Seguiremos velando por situar la seguridad, la dignidad, el acceso y la participación de las mujeres, las niñas y otros grupos de riesgo en el núcleo de nuestras operaciones y los servicios que prestamos.


[1] https://www.unicef.org/media/67346/file/The-material-risks-of-gender-based-violence-in-emergency-settings-2020.pdf (en inglés)

Recursos:

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