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Los Convenios de Ginebra, así como sus dos Protocolos Adicionales imponen a España toda una serie de obligaciones en relación con la protección especial que merece la infancia en situaciones de conflicto armado, ya sea interno o internacional. Otras obligaciones más específicas en relación a la participación de los niños en los conflictos armados se derivan del Protocolo Facultativo de 2000 a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, relativo a la participación de niñas y niños en conflictos armados y que promueve su universalización, y ratificado por España en 2002[1]. Igualmente, España ha suscrito la Declaración de Vancouver sobre mantenimiento de la paz, prevención del reclutamiento, uso de niñas y niños soldado con fines de explotación sexual y matrimonios forzados. Nuestro país además se encuentra vinculado por el Convenio número 182 de la OIT, de 17 de junio de 1999, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Este Tratado le obliga a adoptar con carácter de urgencia medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, entre ellas, “el reclutamiento forzoso y obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados” (art.2).
España ha firmado y apoya la aplicación en el ámbito de las ONU de los Principios de Paris (2007) sobre la protección de los niños y niñas reclutados o utilizados ilícitamente por fuerzas armadas o grupos armados y los Compromisos alcanzados en la Conferencia de Seguimiento celebrada en 2017 en París, por medio de los que se explicitan estrategias concretas de prevención o para poner fin al reclutamiento de niños soldados. También se adhirió a la Declaración sobre Escuelas Seguras (2015) comprometiéndose a adaptar su legislación y prácticas militares a las Directrices para prevenir el uso militar de Escuelas y Universidades durante los conflictos armados, siendo respaldado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al aprobar por unanimidad la resolución 2601 (2021). Aunque carezcan de carácter obligatorio, las directrices representan orientaciones sobre la protección de las instalaciones educativas, que recogen buenas prácticas para la protección de dichas instalaciones, con el objetivo de reducir el impacto de los conflictos armados sobre la educación.
Desde su adhesión a la Declaración de Escuelas Seguras, en 2015, España ha desarrollado los compromisos que figuran en ella en distintos ámbitos.
- Durante la III Conferencia sobre Escuelas Seguras, celebrada en Palma en mayo de 2019, España asumió el compromiso de seguir apoyando esta iniciativa. Este apoyo se concretó, entre otros, a través de la organización , conjuntamente con la Coalición Mundial para Proteger la Educación de los Ataques (GCPEA, por sus siglas en inglés) y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Ministerio de Defensa y Ministerio de Educación, de un seminario internacional sobre la Declaración de Escuelas Seguras, durante cuatro semanas, comprendidas entre el 24 de febrero al 17 de marzo de 2021, en formato virtual por la pandemia de COVID-19. El seminario contó con la participación de más de 90 representantes de los ministerios de educación, defensa y exteriores de los 20 estados invitados, Argentina y Noruega (países impulsores de la Declaración), España y a representación de la sociedad civil e instituciones académicas. El seminario se estructuró en torno a tres ejes temáticos: los ataques a la educación y el impacto de género; la Declaración y las Directrices como como principales compromisos de la comunidad internacional; la recogida de datos sobre los ataques y la rendición de cuentas.
- Tras la celebración de la IV Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, que tuvo lugar en Nigeria en octubre de 2021, coorganizada por España, en la que la AECID participó muy activamente, se están diseñaron actuaciones específicas de formación que se implementaron en 2022, que incluyeron, entre otras, una formación interna para el personal de AECID, tanto en sede como en terreno, a través de la INEE.
- Tras la positiva acogida de la primera formación en línea sobre la aplicación de la Declaración sobre Escuelas Seguras en 2021. En 2023 tuvo lugar la segunda formación, en modalidad online, dirigida a otros 20 estados endosantes y con 80 participantes, coorganizado por la AECID y la Coalición Mundial para Proteger la Educación de los Ataques (GCPEA).
- En diciembre de 2023 la AECID, la Coalición Mundial para Proteger la Educación de los Ataques (GCPEA) y Noruega coorganizaron en Senegal un taller sobre educación en emergencias, como parte de la Red de Implementación liderada por el Estado. Participaron representantes de los Ministerios de Educación, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, Interior y Asuntos Exteriores de Mali, Burkina Faso y Senegal, así como con una delegación de Camerún compuesta por dos representantes del Ministerio de Educación. Representantes de los Clusters de Educación de los diferentes países, el MRM y el Grupo de Trabajo Regional de Educación en Emergencia también estuvieron presentes. Durante los dos días de taller, se compartieron ejemplos de implementación de la Declaración en la región del Sahel, el monitoreo y reporte de los ataques a la educación y el diálogo con los grupos armados no estatales, entre otros temas. Los participantes tuvieron la oportunidad asimismo de trabajar en grupos reducidos sobre sobre situaciones hipotéticas relacionadas con el uso militar de instalaciones educativas y el uso de las Directrices y sobre incidentes de ataques a la educación, con sesiones dedicadas a cómo informar sobre ellos utilizando una plantilla de seguimiento. Para clausurar la actividad, se celebró un debate en grupos compuestos por representantes de cada país con el fin de elaborar una hoja de ruta para seguir implementando la Declaración sobre Escuelas Seguras.
España apoya el mandato de la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para los Niños y los Conflictos Armados, y su colaboración con UNICEF, así como la labor del Mecanismo de Investigación e Información sobre las graves violaciones contra niñas y niños y la reintegración de niñas y niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados. España realiza contribuciones anuales al RESG.
Apoya asimismo el cumplimiento efectivo de las resoluciones 2225 (2015), 2427 (2018) y 2601 (2021) del Consejo de Seguridad, que condenan los ataques contra escuelas y su uso con fines militares e insisten en la importancia de la adaptación de los manuales y de la instrucción del personal militar. Condena los ataques a la educación, promover la persecución de estos crímenes y abogar por la rendición de cuentas de los perpetradores.
En este contexto apoya a las organizaciones que trabajan en educación en emergencias, especialmente con el objetivo de reanudar rápidamente las actividades docentes cuando la comunidad educativa haya sido afectada tras un conflicto o una escuela haya sido atacada, ocupada o afectada de alguna manera durante el conflicto.
España promueve el endoso de la Declaración de escuelas seguras entre los países que aún no se han adherido, a través de la diplomacia humanitaria, manteniendo un papel activo en el Grupo de Amigos de Escuelas Seguras en Ginebra. Y promueve que otros países endosantes de la Declaración incluyan en la formación de sus fuerzas armadas las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante los conflictos armados. Otras acciones en este ámbito:
- Continúa dando seguimiento y participando en la organización de las conferencias internacionales sobre Escuelas Seguras y dando seguimiento al impacto de género de los ataques a la educación y la necesidad de contar con mecanismos de prevención y rendición de cuentas.
- Continúa liderando la línea de cooperación técnica y capacitación sobre protección de la educación en situaciones de conflicto, organizando acciones formativas sobre la aplicación práctica de la Declaración de Escuelas Seguras
- Colabora con actores especializados en la aplicación de la Declaración de Escuelas Seguras que promueven los derechos de la infancia en situación de conflicto y/o crisis humanitarias, como la Coalición Mundial para Proteger la Educación de Ataques.
- Hace incidencia sobre la necesidad de garantizar la protección de las niñas y los niños durante los conflictos armados, visibilizando su impacto en la infancia diferenciado por razón de género.
- Apoya las intervenciones orientadas a la protección niños y niñas soldado y/o reclutados por grupos armados estatales y no estatales, así como aquellas orientadas a la búsqueda de soluciones duraderas de reintegración
- Apoya el despliegue de asesores y asesoras de protección infantil en las operaciones de paz con formación en igualdad de género y diversidad.
- Impulsa en los foros internacionales el Manual para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia o desastre[2] y apoyar la acción colectiva e interinstitucional en respuesta a las amenazas nacionales, regionales y globales para el bienestar de la infancia en situaciones de conflicto, desplazamiento forzoso o migración.
En relación con los compromisos concretos recogidos en la promesa formulada ante la XXXIII Conferencia Internacional, el Ministerio de Defensa ha adoptado las siguientes medidas:
- En el ámbito del Ministerio de Defensa, y más concretamente en relación con la planificación y conducción de operaciones de las Fuerzas Armadas, así como en su adiestramiento y preparación, se tiene en cuenta la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, incluida la protección de menores, en especial en lo relativo a la lucha ante la violencia sexual y de género. El asesoramiento al mando sobre estos aspectos, así como del resto del Derecho Internacional Humanitario, está siempre presente en los contingentes desplegados.
- En la formación y difusión de DIH en las Fuerzas Armadas se incluye la protección de la infancia en los conflictos armados.
Finalmente, en cuanto a la legislación penal, puede afirmarse que España ha establecido en su legislación penal los preceptos pertinentes establecidos tanto por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales como por el Estatuto de la CPI para que quienes violen las normas de protección de la infancia en los conflictos armados rindan cuenta de sus actos y comparezcan ante la justicia. En 2017, el Comité de los Derechos del Niño, al evaluar las medidas internas adoptadas por España en aplicación de las obligaciones derivadas del Protocolo, observó “con reconocimiento los esfuerzos del Estado parte para aplicar las recomendaciones
Por parte de Cruz Roja Española, se destacan las siguientes actividades:
- Cruz Roja Española imparte la especialidad de Derecho Internacional Humanitario y Justicia Penal Internacional, dentro del Máster Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización. Entre los contenidos impartidos, destaca la protección de la infancia en los conflictos armados.
- Asimismo, se han organizado seminarios monográficos sobre protección de la infancia.
- Protección de la Infancia: Evaluación de necesidades y mejora de instrumentos (2020)
- Protección de las mujeres y las niñas contra la violencia sexual en situación de conflicto armado (2021)
- También hay que destacar las colaboraciones con la Universidad de Cantabria en la organización del seminario en 2019 “Las niñas asociadas con grupos armados y la Agenda mujeres, paz y seguridad” y con la Universidad CEU – Cardenal Herrera Oria de Valencia, en 2021, en el seminario sobre “los retos en la protección de las niñas soldado”
Hay que destacar la Publicación Doctrinal “El Derecho Internacional Humanitario en las FAS”, (Págs. 42 a 44) en el que, entre otras muchas cuestiones, se recoge el sistema de protección de la infancia en los conflictos armados, los niños soldado, Declaración sobre Escuelas Seguras, etc. Dicha publicación ha sido elaborada por el Ministerio de Defensa con la colaboración de Cruz Roja Española.
Por último, por parte del Ministerio de Defensa se han puesto en marcha medidas de protección de los menores, en especial las relativas a la lucha contra la violencia sexual y de género, en la planificación y conducción de sus operaciones. Igualmente, se incluye el asesoramiento al mando de las medidas de protección de menores en las Operaciones de Paz, conforme a la Resolución 2427 (2018) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- PROMESA DE REFERENCIA: NORMAS JURÍDICAS APLICABLES EN CASO DE DESASTRE
La evolución en los últimos años del clima ha provocado un profundo estudio científico de carácter internacional que ha puesto de manifiesto, sin ningún tipo de dudas, que el clima mundial está cambiando, que los patrones y modelos climáticos del pasado están sufriendo profundas alteraciones. En la actualidad es un hecho probado que el número de desastres naturales ha aumentado significativamente y que los fenómenos estacionales habituales no sólo se están desplazando en el calendario, sino que también se están produciendo con una mayor virulencia y capacidad destructiva, afectando a las sociedades, especialmente a los grupos más desfavorecidos.
La XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, estimuló a las Sociedades Nacionales a explorar el estado de su legislación para responder a los desastres y catástrofes, desde una perspectiva del cambio climático, con el foco orientado a las poblaciones o grupos más desfavorecidos, sin dejar a nadie rezagado.
En España, el corpus jurídico relacionado con la defensa civil y la protección civil, tiene una larga tradición en la que Cruz Roja Española ha jugado un papel muy relevante. No obstante, es la Ley 17/2015 la que sienta las bases de la protección civil en España y orienta los esfuerzos nacionales y los de las Comunidades Autónomas en la respuesta concurrente de todos los esfuerzos para responder, paliar o mitigar los efectos de los desastres naturales, catástrofes de todo tipo y situaciones de emergencia. Tanto la administración central del Estado, como las Comunidades y Ciudades autónomas han implementado mecanismos y han desarrollado instrumentos para reforzar sus capacidades de respuesta ante el nuevo desafío producido por unos desastres naturales cada vez más dañinos. El RD 524/2023 de 20 de junio de 2023 completa el desarrollo de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, mediante la “Norma Básica de Protección Civil” (BOE, núm. 147, de 21 de junio de 2023)
La creación de la Unidad Militar de Emergencias en 2005, las capacidades del Ministerio de Transición Ecológica, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la creación en 2018 del Equipo Médico de Emergencias de nivel 2 “START” de del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, junto con las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y su sincronización con el esfuerzo local, provincial y autonómico, las organizaciones de voluntarios, el personal y medios de la Cruz Roja Española, han contribuido notablemente a mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los desastres, teniendo en consideración especialmente el impacto sobre grupos desfavorecidos.
En el modelo territorial de Estado español con sus Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, ha realizado un gran esfuerzo inversor en formación a todos los niveles, adquisición de capacidades, aplicación de nuevas tecnologías, ejercicios de instrucción y adiestramiento periódicos, para coordinar la respuesta de la “familia de las emergencias” de una manera homogénea y coordinada, sin que se produzcan huecos ni duplicidades.
EL Plan Estatal General del Estado sobre Protección Civil (PLEGEM) de 2020 y los planes específicos de las Comunidades Autónomas, que se actualizan periódicamente, dan respuesta a todo tipo de desastres e incluyen factores climáticos y factores de atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad. La formación a todos los niveles del personal interviniente en las emergencias provocadas por desastres y catástrofes, incluye aspectos específicos para saber atender y rescatar a personas con discapacidad motora, sensorial y cognitiva, de manera que ninguno de estos grupos quede en situación de inferioridad. Las inversiones destinadas a aumentar las capacidades de campamento y refugio, alimentación, asistencia sanitaria, rescate SAR, drones, Mando y Control y transporte han aumentado muy significativamente.
La implicación de toda la sociedad española en su respuesta ante la pandemia provocada por el COVID-19, la respuesta ante la gran tormenta invernal “Filomena” en enero de 2021 y la respuesta ante la erupción volcánica del Volcán Cumbre Vieja en la Isla de la Palma en septiembre de 2021, los denominados incendios forestales de 6ª generación que se produjeron en España en 2022, son ejemplos muy representativos de la consistencia de la normativa española sobre protección civil para atender a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, de modo que nadie se quede atrás.
[1] Ver compromiso de España en materia de protección de los menores en los conflictos armados.
[2] El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos cuenta con este manual que ofrece orientaciones prácticas para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes ante situaciones de emergencia o desastre ante el abuso, negligencia, explotación y otras formas de violencia, de acuerdo con las “Normas mínimas sobre la protección de la infancia en la acción humanitaria” desarrolladas por el Grupo de trabajo de Protección de la Infancia (CPWG, por sus siglas en inglés) del Grupo Temático Mundial de Protección (Global Protection Cluster).