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España está plenamente comprometida con la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad. Entre las medidas adoptadas por España destacan las siguientes:
1) Fomento de la universalidad de la consideración como crímenes de guerra del empleo de armas biológicas, y el hecho de hacer padecer hambre a la población civil de manera intencionada. En este contexto, España ha iniciado los trámites internos para ratificar las siguientes enmiendas al Estatuto de Roma:
-Artículo 8.2 (e) que incorpora el hecho de hacer padecer hambre a la población como un crimen de guerra en el marco de los conflictos armados no internacionales.
-Artículo 8 sobre el uso de determinadas armas químicas.
La enmienda, cuyo contenido se recoge en los Anexos I a III de la Resolución, añade al apartado segundo del artículo 8, que enuncia los supuestos considerados “Crímenes de guerra”, los siguientes tres casos:
- Artículo 8.2 apartado b) xxvii) y 8.2. apartado e) xvi): “emplear armas que utilicen agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción”;
- Artículo 8.2 apartado b) xxviii) y 8.2. apartado f) xvii): “emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano”;
- Artículo 8.2 apartado b) xxix) y 8.2. apartado e) xviii): “Emplear armas láser específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista”.
2) Se ha firmado en diciembre de 2022 un acuerdo entre el Reino de España y la Corte Penal Internacional sobre cooperación en materia de ejecución de penas.
3) En el contexto del Examen Periódico Universal (EPU), un proceso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde se revisa el cumplimiento de los derechos humanos de todos los países, España impulsa de manera general las siguientes cuestiones tanto en la evaluación como en las recomendaciones dirigidas a los Estados evaluados:
- ratificación del Estatuto de Roma;
- adopción de todas las medidas necesarias para eliminar los obstáculos para la cooperación con la Corte;
- adopción de todas las medidas necesarias para promover la universalidad y preservar la integridad del Estatuto.
4) Apoyo a la Corte Penal Internacional
España defiende la independencia de la Corte para que pueda desarrollar su labor sin interferencias. Como muestra de este compromiso, apoya con recursos financieros y humanos a la Corte. En 2023 España ha desembolsado contribuciones voluntarias a la Corte por valor de 6M€. En enero de 2024 entró en vigor el Acuerdo entre la Corte Penal Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para la provisión de funcionarios subalternos del cuadro orgánico (JPO).