Actions taken:
La evolución en los últimos años del clima ha provocado un profundo estudio científico de carácter internacional que ha puesto de manifiesto, sin ningún tipo de dudas, que el clima mundial está cambiando, que los patrones y modelos climáticos del pasado están sufriendo profundas alteraciones. En la actualidad es un hecho probado que el número de desastres naturales ha aumentado significativamente y que los fenómenos estacionales habituales no sólo se están desplazando en el calendario, sino que también se están produciendo con una mayor virulencia y capacidad destructiva, afectando a las sociedades, especialmente a los grupos más desfavorecidos.
La XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, estimuló a las Sociedades Nacionales a explorar el estado de su legislación para responder a los desastres y catástrofes, desde una perspectiva del cambio climático, con el foco orientado a las poblaciones o grupos más desfavorecidos, sin dejar a nadie rezagado.
En España, el corpus jurídico relacionado con la defensa civil y la protección civil, tiene una larga tradición en la que Cruz Roja Española ha jugado un papel muy relevante. No obstante, es la Ley 17/2015 la que sienta las bases de la protección civil en España y orienta los esfuerzos nacionales y los de las Comunidades Autónomas en la respuesta concurrente de todos los esfuerzos para responder, paliar o mitigar los efectos de los desastres naturales, catástrofes de todo tipo y situaciones de emergencia. Tanto la administración central del Estado, como las Comunidades y Ciudades autónomas han implementado mecanismos y han desarrollado instrumentos para reforzar sus capacidades de respuesta ante el nuevo desafío producido por unos desastres naturales cada vez más dañinos. El RD 524/2023 de 20 de junio de 2023 completa el desarrollo de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, mediante la “Norma Básica de Protección Civil” (BOE, núm. 147, de 21 de junio de 2023)
La creación de la Unidad Militar de Emergencias en 2005, las capacidades del Ministerio de Transición Ecológica, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la creación en 2018 del Equipo Médico de Emergencias de nivel 2 “START” de del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, junto con las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y su sincronización con el esfuerzo local, provincial y autonómico, las organizaciones de voluntarios, el personal y medios de la Cruz Roja Española, han contribuido notablemente a mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los desastres, teniendo en consideración especialmente el impacto sobre grupos desfavorecidos.
En el modelo territorial de Estado español con sus Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, ha realizado un gran esfuerzo inversor en formación a todos los niveles, adquisición de capacidades, aplicación de nuevas tecnologías, ejercicios de instrucción y adiestramiento periódicos, para coordinar la respuesta de la “familia de las emergencias” de una manera homogénea y coordinada, sin que se produzcan huecos ni duplicidades.
EL Plan Estatal General del Estado sobre Protección Civil (PLEGEM) de 2020 y los planes específicos de las Comunidades Autónomas, que se actualizan periódicamente, dan respuesta a todo tipo de desastres e incluyen factores climáticos y factores de atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad. La formación a todos los niveles del personal interviniente en las emergencias provocadas por desastres y catástrofes, incluye aspectos específicos para saber atender y rescatar a personas con discapacidad motora, sensorial y cognitiva, de manera que ninguno de estos grupos quede en situación de inferioridad. Las inversiones destinadas a aumentar las capacidades de campamento y refugio, alimentación, asistencia sanitaria, rescate SAR, drones, Mando y Control y transporte han aumentado muy significativamente.
La implicación de toda la sociedad española en su respuesta ante la pandemia provocada por el COVID-19, la respuesta ante la gran tormenta invernal “Filomena” en enero de 2021 y la respuesta ante la erupción volcánica del Volcán Cumbre Vieja en la Isla de la Palma en septiembre de 2021, los denominados incendios forestales de 6ª generación que se produjeron en España en 2022, son ejemplos muy representativos de la consistencia de la normativa española sobre protección civil para atender a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, de modo que nadie se quede atrás.
